María de los Ángeles Villalba

OPRIC

Las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia han tenido mayor eco en los colombianos en situaciones de crisis, donde se ven más claramente los responsables de ejecutar las decisiones en materia de relaciones internacionales. A propósito de un posible cambio en la cartera, es pertinente elaborar un balance parcial del desempeño de la cancillería, teniendo como puntos de referencia las acciones que desde esta se han tomado frente a controversias con otros países y la activa participación de Colombia en escenarios multilaterales y regionales. Es prioritario que para lo que resta del segundo gobierno de Santos se busque mejorar las relaciones con los países vecinos con los que está pendiente forjar un plan de acción en fronteras vigoroso y la consolidación exitosa del liderazgo de Colombia en la región.

Por lo anterior, es necesario realizar una revisión de la capacidad de acción y reacción del Ministerio, puesto que es lo que finalmente determina la efectividad de sus decisiones. Para ello, se exponen y se toman como punto de partida algunas de las situaciones críticas que muestran las áreas que se han de fortalecer con relación a la acción diplomática colombiana. Finalmente, como respuesta a las falencias identificadas, se proporcionarán algunas sugerencias a lo que debe renovar o explorar la Cancillería en lo que resta del período Santos.

En agosto del año pasado, Colombia atravesó uno de los momentos más críticos en el tema fronterizo con Venezuela, esto a pesar de la intención de la actual administración de mejorar sus relaciones desde el inicio. Santos “convirtió su ceremonia de posesión en oportunidad para recomponer las relaciones con los países vecinos, donde se concentraban las mayores tensiones, y anunció una política exterior no confrontacional y diversificada.”[1].

La posición del gobierno en el tema de controversia estaba dividida. Por un lado, debía considerar su accionar diplomático de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos y cumplir con sus deberes de Estado, es decir, proteger a los colombianos deportados, pero, por otro lado, debía tomar en cuenta que Venezuela es un país que también se comprometió con los diálogos de paz en la Habana.  Además, que, de abandonar la vía diplomática, podría perder todo el trabajo que realizó en otros escenarios multilaterales en la región como UNASUR y la OEA, poniendo en riesgo dichas relaciones[2].

Sin embargo, hubo un descontento generalizado, no solamente desde la bancada de la oposición al gobierno, sino por parte de los afectados por la deportación masiva, que ante la visita de la canciller y del ministro del interior no se vieron complacidos con los esfuerzos para solucionar la problemática[3]. La parcial solución de la controversia finalmente se dio en el marco de la UNASUR, posterior a tropiezos en persuasión directa e intentos de discusión en la OEA. Queda en evidencia que aun cuando las vías diplomáticas son en primera instancia la herramienta para solucionar conflictos, se debe priorizar la situación de quienes están soportando directamente la crisis y proporcionar una intervención pertinente y eficaz. Un punto de análisis está en vía del fortalecimiento de los planes destinados para tratar el tema limítrofe,  Sandra Borda Guzmán sostiene que  aunque la canciller anunció en agosto que su ministerio “ha centrado el trabajo en nuestras fronteras con 500 proyectos en desarrollo económico, salud, educación, saneamiento básico, entre otros”, hay una gran diferencia entre el diseño de los proyectos del Plan Fronteras y la materialización de los mismos, además que estos planes son diseñados unilateralmente por Colombia. Aún no se cuenta con un plan integral para el desarrollo real de las fronteras y las consecuencias de esa ausencia se vieron de llano en agosto de 2015 durante la crisis con Venezuela[4].

Otra situación que puso a prueba las capacidades y las competencias del equipo de la cancillería también en temas de límites nacionales fue el conflicto con Nicaragua. Según datos del diario El universal el 90% de los votantes del sondeo consideró que no fue buena la actuación por parte del equipo jurídico de la cancillería de Colombia[5].

Debido a las desfavorables decisiones del fallo de la CIJ y su regularidad, que la estrategia cambiara drásticamente a renunciar al Pacto de Bogotá aun cuando ya el proceso jurídico había avanzado lo suficiente, y argumentando que “hay muchos países que no han comparecido, (…) que no van a la Corte, muchos países además que no son parte de ninguna convención y uno cuando no hace parte de una convención es porque no está de acuerdo con lo que dice la convención”[6], se hace manifiesta una tardía reacción para encontrar soluciones alternativas precisas y acordes a los tiempos que se permite el país para preparar una solución que se procure ir a la par con los intereses nacionales.

Por otro lado, una crítica que se le hace a las actuaciones en materia de política exterior de la actual administración tiene que ver con la relación entre los programas internos y los deberes internacionales -regionales y subregionales- a los que tiene intención de suscribirse. En este sentido, Socorro Ramírez señala que hay una incoherencia en el seguimiento a los compromisos multilaterales y en su aplicación interna. Por ejemplo, acceder a iniciativas internacionales como la de los objetivos de desarrollo sostenible, establecidos en el marco de la Cumbre de Río +20, aun cuando dentro de sus pilares de desarrollo se encuentra la locomotora extractivista, con los efectos medio ambientales que ésta implica.[7] Se pone así en evidencia un conflicto de intereses, bien sea ante las políticas nacionales o el grado de compromiso frente a los puntos de cooperación internacional que implican una revisión de temas internos.

Las sugerencias que se esbozan basadas en el anterior análisis le apuntan, primero, a señalar que no es necesario salir de los discursos de mediación, solución dialogada de controversias, etc. Para atender de manera más eficaz las emergencias humanitarias como las de agosto de 2015. Y segundo, cuando estas situaciones son producto de un leve e insuficiente plan de acción en materia de fronteras, al problema del contrabando y a la violencia por parte de grupos criminales organizados, para la nueva nómina de la cancillería, debería ser prioridad los planes que sean efectivos para afrontar los retos en seguridad y control migratorio en la zona, con el fin de, gradualmente, mejorar la situación para quienes habitan la frontera o la utilizan a diario para realizar sus actividades comerciales.

En el litigio con Nicaragua, a pesar de que también se siguió la línea de solución por medio de la diplomacia, por los canales de resolución de conflictos jurídicos internacionales y el cambio de estrategia de no continuar en ellos, se debe no solamente coordinar oportunamente con el gobierno nacional, para que no se repitan acciones que son tardías ante el conflicto sino también fortalecer las capacidades negociadoras de Colombia para lograr persuadir a Nicaragua de solucionar el conflicto directamente.