María de los Ángeles Villalba

OPRIC

En la última visita de la canciller colombiana María Ángela Holguín a Ecuador, los ministros de Defensa de ambos países, Luis Carlos Villegas (Colombia) y Ricardo Patiño (Ecuador), tuvieron la oportunidad de discutir sobre los posibles actos cooperativos para prepararse ante la firma del acuerdo de paz en la Habana. La preocupación radica en las diferentes consecuencias que pueden generarse a raíz de la desarticulación y desmovilización de los frentes guerrilleros que se ubican cerca de la frontera con Ecuador, en el departamento de Nariño[1].  Villegas señala que se impulsara en materia de recursos militares y de policía en la zona fronteriza.[2]

Por otro lado, las problemáticas que se han venido presentando los últimos años en la zona han sido por narcotráfico y de cómo se conectan las rutas de tránsito de estupefacientes[3]. La compra y venta de armas de manera ilegal en la frontera ha significado un reto para la seguridad y defensa en el área limítrofe. En el post acuerdo, se debe tomar como un factor determinante el contrabando de armamento: el cargamento que servía para suplir los frentes guerrilleros ahora puede plantear continuar la ruta de tráfico, hacia y desde el Ecuador.

El contrabando de gasolina es una situación que las autoridades ecuatorianas han manifestado vehemente “las cifras del Distrito de Aduanas en Tulcán, la Defensoría del Pueblo de Carchi y la Cámara de Comercio de Tulcán, confirman la existencia del contrabando de gas y gasolina.”[4], pero que las autoridades colombianas pretenden ignorar. Más allá del aspecto económico es un peligro latente para las personas que transportan y almacenan: “se estima que en Ipiales existen cerca de 200 depósitos clandestinos de combustibles de contrabando”[5].

La migración ilegal al vecino país, es otro ítem sobre el cual los pares se plantean reforzar, la situación similar a la frontera colombo-venezolana, en la cual debido a la necesidad de una actividad económica más lucrativa para colombianos que se dedican a comerciar o trabajar en el país ecuatoriano, requiere la intensificación de los controles de circulación de personas en la frontera y de sus mercancías puesto que las autoridades de la zona manifiestan que “en Ipiales, ninguna autoridad se atreve a cuantificar el monto en cifras o la cantidad en productos que pasan de manera ilegal, pero lo que sí aseguran es que más de 2.000 familias derivan su sustento de esa actividad”[6]. Es por esto necesario un fortalecimiento de las oficinas de migración que den cuenta de una articulación administrativa la cual evalúe al migrante y tenga un registro de las actividades puntuales a realizar en lugar de destino.

Bien es conocido, que los fenómenos migratorios masivos responden a un entorno de conflicto armado en los territorios que generan desplazamiento de la población civil, por lo tanto, si bien se está pensando una relación cooperativa entre ambos países para fortalecer la seguridad, también obedece al afán de evitar que exista, en comportamientos migratorios, brotes de violencia en territorio ecuatoriano.

Lo anterior da cuenta de los desafíos que ambos tienen frente al post acuerdo, sin embargo, cabe resaltar que estos fenómenos no son exclusivos del conflicto con la guerrilla de las FARC-EP, puesto que con el contrabando de armas y narcotráfico se le ha atribuido al crimen organizado, específicamente a bandas criminales que no se atribuyen ningún proyecto político y que únicamente se dedican a delinquir con fines económicos, sin desconocer el poder en los territorios que ejercen. Esto solamente se verá posterior a la desarticulación de la guerrilla, y su intensificación que responde a conflictos entre las estructuras criminales actuales (Bacrim) y las que pueden conformarse o fortalecerse.

Cabe preguntarse ¿por qué si el proceso de paz tiene tales fines altruistas y nobles, debe plantearse un fortalecimiento de carácter militar y defensivo en la frontera con Ecuador, que ha sido uno de los países que está de lado de la paz? ¿A qué responde una medida de fuerza (coercitiva) a una población que ahora se encuentra en tiempos de reconciliación, verdad y reparación?

 La Organización de las Naciones Unidas, manifestó que es altamente probable que aumenten los brotes de violencia tanto en el área urbana como en las zonas rurales donde se solían asentar grupos armados[7], donde la guerrilla administró el territorio y su forma productiva, éste es el afán de ambos países de tratar de contener y trabajar de manera conjunta para recibir la paz.

Hace varios meses frente a la controversia con Venezuela y el cierre de frontera, se pudieron vislumbrar por voz de los mismos habitantes, que fenómenos como el paramilitarismo, el contrabando y poca rigurosidad en las oficinas de migración por parte de ambos países, eran factores que amenizaban la continuidad de prácticas ilegales. En el caso ecuatoriano, hay una clara voluntad de evitar situaciones críticas como las de agosto de 2015. Esta intención de armar la frontera es una medida de contención que pretende ser preventiva, pero que en últimas es el producto de una oportunidad que el post acuerdo proporciona para combatir los síntomas de la enfermedad de las fronteras.