María Fernanda García - María de los Ángeles Villalba

OPRIC

El litigio entre Colombia y Nicaragua que se resuelve actualmente en La Haya ha adquirido un mayor interés entre los colombianos tras la declaración de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 17 de marzo en la cual se considera competente para atender las demandas. Como respuesta a esta declaración, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dejó claro que no reconocía esta competencia de la Corte y que solucionaría el conflicto con Nicaragua mediante la negociación directa. El presente artículo se dispone analizar esta decisión de no comparecer ante la Corte y frente a esto, las consecuencias tanto políticas como jurídicas que esto puede traer.

En 1969 Colombia creó la tesis del meridiano 82 como frontera marítima basada en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 sabiendo que este trataba únicamente cuestiones territoriales, a partir de esto el Estado colombiano se dedicó a buscar el reconocimiento internacional de esta frontera mediante tratados con otros países, a pesar de que esta era débil frente a tribunales internacionales. Colombia en un principio no decidió negociar directamente con Nicaragua siendo uno de los más grandes errores.

En 1980 Nicaragua declara nulo el tratado Esguerra-Bárcenas y en 1999 decide acudir a la Corte para solucionar este conflicto^[1].  Así pues, en 2007 Colombia pierde, se declara que el meridiano 82 no era una frontera marítima y solo se reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Posteriormente, en 2012, le reconocen a Colombia la totalidad de los territorios y se definió la frontera marítima. Colombia denuncia el Pacto de Bogotá[2] de 1948 (otro de los errores de Colombia fue denunciar tarde este Pacto). En 2013 Nicaragua presenta dos demandas: por un lado, solicita una fijación exacta de la frontera marítima más allá de los límites que se habían decidido en 2012, por otro lado, pide a la Corte que declare el incumplimiento de Colombia frente a varias obligaciones internacionales que se habían declarado en 2012. Finalmente, el pasado 17 de marzo, la Corte se declara competente en ambas demandas y Colombia por su parte renuncia a comparecer ante la Corte^[3].

Esta última declaración de la Corte sobre su competencia es solo una consecuencia de los errores políticos y jurídicos de Colombia a lo largo de todo el proceso. Frente a esto se analizará, a continuación, la decisión del presidente Santos de no comparecer más ante la Corte y las consecuencias de esta.

El mismo día, el presidente del Senado de la República  Luis Fernando Velasco, señaló que se respalda la decisión del presidente a pesar de las diferencias ideológicas de los diferentes bancadas, además de hacer énfasis en que el Senado no aprobará ningún tratado internacional que menoscabe los intereses de Colombia en temas de límites territoriales y marítimos[4]. 

Esta renuncia del presidente de la república ante la CIJ a pesar de mostrarse como una defensa a la soberanía nacional en realidad esconde la debilidad de la política exterior colombiana. Además, trae consecuencias tanto políticas como jurídicas. Dentro de estas consecuencias está, por un lado, que la renuncia de Colombia no afecta las decisiones del 17 de marzo, es decir, el proceso continúa en nuestra ausencia, esto se soporta en el estatuto de la CIJ y más exactamente en su artículo 53: “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor” ^[5].En este caso, Nicaragua, sin la presión de Colombia aumenta sus posibilidades de ganar. Además, esta decisión implica renunciar también a la ejecución de las dos sentencias futuras y la sentencia del 2012.

Adicionalmente, Nicaragua podrá recurrir ahora al Consejo de Seguridad para obligar a Colombia a cumplir con los fallos de la Haya. Esto podría traer sanciones sobre Colombia y además perjudicar no solo la imagen a nivel internacional de Colombia como históricamente fiel cumplidor del Derecho Internacional sino también afectar futuras solicitudes del gobierno nacional frente a tribunales internacionales, no solo en temas de solución de conflictos sino también en acompañamiento a procesos nacionales como es el caso del Proceso de Paz. Es en este último punto posible evidenciar la incoherencia de Colombia al solicitar el pasado 16 de enero al Consejo de Seguridad la creación de la misión política durante 12 meses como observadores internacionales del proceso de paz y ahora negarse a comparecer ante el máximo organismo judicial de la ONU, la CIJ.

Colombia entonces no debería jugar un doble juego lleno de contradicciones y contraposiciones. No tiene un gran poder como EEUU, ni fuertes intereses que sean respetados internacionalmente así no obedezca a la Corte, es decir, no tiene una gran influencia política a nivel internacional como para actuar bajo sus propios intereses sin tener sus actos grandes consecuencias.

Cabe resaltar que este comportamiento de jugadas y contra jugadas solamente refleja una suave defensa jurídica internacional que, para efectos de las relaciones internacionales en miras de la firma de los acuerdos de paz, posicionan a Colombia como un país que no debe descuidar los temas que le competen a la soberanía nacional. Basta decir que Colombia actualmente necesita el apoyo internacional para concluir con éxito los diálogos de paz y más ahora viéndose cada vez más cerca la firma final de estos y decisiones tan arriesgadas como las del presidente Santos pueden llevar a perder este apoyo.