Vanessa Romero Gutiérrez - Juan Pablo Camacho Cely

OPRIC

El pasado 10 de febrero durante una reunión de la Comisión sobre Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, se refirió al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, indicando que este recibirá el aval de la CPI siempre y cuando no vaya en contra de las normas del Derecho Internacional. En el mismo sentido, al día siguiente, Amnistía Internacional presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe titulado “La situación de los derechos humanos en Colombia” en el que señala que el país, aunque parece estar más cerca que nunca del fin del conflicto, tiene que prestar especial atención al Acuerdo de víctimas logrado el pasado mes de diciembre pues este resulta ambiguo en algunos aspectos lo que daría lugar a la impunidad. Tales declaraciones parecieran ir en la misma línea de las críticas expresadas por Human Rights Watch (HRW) que ha expresado mediante un informe que este es un acuerdo que promueva la injusticia.

Existe una preocupación imperante en las organizaciones a las que hacemos mención porque el acuerdo de justicia inquieta, en lo referente a la posible impunidad y el riesgo de violar las obligaciones de Derecho Internacional Público del Estado colombiano.

Según Amnistía Internacional el acuerdo logrado a finales del año pasado tiene la dificultad de no ser equiparable, respecto de los crímenes de derecho internacional con las penas alternativas que se contemplan en el acuerdo. Si bien el comunicado respalda la búsqueda de la paz, es reiterativo en tanto Colombia tiene obligaciones a nivel de derecho internacional, obligaciones que son de índole “universal” para los suscritos al denominado Tratado de Roma. Dentro del análisis de AI, es destacable “como el cese unilateral del fuego por parte de las Farc y la suspensión por parte del gobierno, de los bombardeos aéreos han aliviado algunos de los peores efectos que el conflicto ha tenido para la población civil.”[1]

En consonancia con este discurso también están HRW y la Corte Penal Internacional. Los primeros manifestaron su preocupación frente a las especificidades del acuerdo de victimas a finales de 2015. Una semana después de confirmado el acuerdo sobre  justicia transicional, el comunicado de Human Rights Watch era contundente sobre considerarlo una ventana a la impunidad. La diferencia es clara con AI, ya que HRW declaraba “Cuanto menos se asemejen las condiciones de castigo previstas en el acuerdo a las condiciones propias de la privación efectiva de la libertad —incluidas áreas limitadas de confinamiento y un efectivo control y supervisión de los detenidos—, será más probable que Colombia incumpla con su obligación de aplicar un castigo adecuado.”[2]

La posición de la CPI requiere especial interés, pues es directamente a este organismo con quien, según tratados internacionales de nivel constitucional, Colombia tiene obligaciones en materia de justicia y castigo de delitos de lesa humanidad. De nuevo las declaraciones corrieron por parte de James Stewart, el vicefiscal de la CPI durante un foro de la OEA, quien expreso la importancia del proceso de paz para el hemisferio, y el país, también manifestó la preocupación de que los crímenes perpetrados necesitan de sanciones equivalentes a los delitos causados. Por el momento no hay una investigación preliminar en la Corte del caso Colombia, pero queda claro que Colombia está sujeta a obligaciones de corte judicial a nivel internacional. En tanto Stewart, también aclaro, al igual que en mayo de 2015, que los Estados miembros del Estatuto tiene cierto margen de discrecionalidad lo cual no evita el cumplimiento de unos mínimos de indispensable importancia[3].

Ante la preocupación que se pudo haber generado por las declaraciones de la CPI y de Amnistía Internacional con respecto al proceso de paz, se pretende demostrar que no hay razones de peso para ver a estas como un retroceso al respaldo internacional que ha conseguido el proceso y que verlas de este modo, por el contrario, resulta perjudicial para el mismo. También se planteará que frente a lo que la comunidad internacional dice respecto al proceso, las reacciones del gobierno son diferenciadas ya que el apoyo y aval de ciertas organizaciones resulta más trascendental que el de otras.

Si bien es cierto que tanto las críticas de HRW como las de Amnistía Internacional no cayeron bien en el gobierno, al punto que en el primer caso el Alto Comisionado de Paz respondió a través de una carta[4], estas no han sido tampoco motivo real de preocupación porque, lamentablemente, la prolongada duración del conflicto ha hecho que las denuncias de este tipo de ONG’s sean concebidas como algo normal y por lo tanto, que ya sea una costumbre recibir cada año en los informes de estas organizaciones innumerables y reiteradas denuncias sobre la violación de derecho humanos en el país.

Caso diferente es el de la CPI, ya que Colombia es firmante del Estatuto de Roma por el cual acepta la competencia de esta organización y se atiene a sus decisiones en caso de percatar una inaplicación del derecho internacional en materia de justicia. Es por esto, que el gobierno se vio “obligado” a enviar al Ministro de Justicia Yesid Reyes para que presentara la Jurisdicción Especial para la Paz ante la fiscal y el vicefiscal de la CPI, Fatou Bensouda y James Stewart respectivamente. En la reunión, el ministro Reyes “resaltó el compromiso del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los estándares internacionales de justicia para las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”[5].

Cabe recordar que, antes de que se conocieran la Justicia Especial para la paz y el Acuerdo sobre víctimas, durante un foro organizado por la Universidad del Rosario en mayo de 2015, el vicefiscal Stewart manifestó que “En la situación en Colombia, la Fiscal apoya plenamente los esfuerzos por terminar con el conflicto armado que ha causado tanto sufrimiento por más de cinco décadas – y por hacerlo de conformidad con los principios del Estatuto de Roma que Colombia ha suscrito”[6]. También recordó que en un informe intermedio del examen preliminar de la situación en Colombia, iniciado por la Fiscalía de la CPI en el 2004, se determinó que los casos relacionados con crímenes resultado del conflicto no eran admisibles ya que habían procesos nacionales en curso[7]. Además, una vez se dio a conocer la creación de la Jurisdicción Especial para la paz la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, indicó que veía con optimismo lo acordado y aseguró que “revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc […]”[8].

Lo anterior demuestra que en realidad no se ha dado un cambio de discurso por parte de la Fiscalía de la CPI ya que siempre ha reiterado la importancia de que el acuerdo de paz se ajuste a las normas del Derecho Internacional. Por lo tanto, las recientes declaraciones del vicefiscal no deben servir como fuente de respaldo a las posturas contrarias al proceso de paz, como es el caso del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, quien en enero envió una carta a la CPI manifestando sus críticas al proceso y que aprovechó esto para legitimar sus constantes críticas al proceso increpando al gobierno para que “no se tape los ojos ante exigencia de Fiscalía de la CPI de penas proporcionales a gravedad de crímenes”[9].

Ahora bien, lo que aquí se evidencia es que, aunque las declaraciones que han dado tanto Amnistía Internacional como la CPI, parecieran poner en tela de juicio el respaldo internacional al Acuerdo de paz, esto no es tan así. Los lugares de enunciación son diferentes, por un lado Amnistía Internacional se manifiesta en tanto su esquema programático de defensa de derechos humanos, es una organización prudente, en tanto defiende el derecho internacional pero reconocer los avances de las mesa en ambos lados. HRW rechaza de manera mucho más específica el acuerdo sobre víctimas, perfilándose como un opositor, y finalmente la CPI todavía no plantea un espacio de análisis del cual se pueda desprender su filiación u rechazo al acuerdo, pero si permite entender que será una organización que estará presente a la hora de la verdad y la justicia y en todo lo que queda de proceso.

En conclusión, como ya se mencionó, los informes de Amnistía Internacional y de otras ONG’s de derechos humanos no representan una preocupación de gran magnitud para el gobierno y, en segundo lugar, las declaraciones entregadas por el vicefiscal de la CPI no son de carácter “alarmante” ya que las realiza como llamados de atención pero no como advertencia al percatarse de alguna inconsistencia en los acuerdos. Sin embargo, la reacción del gobierno, que busca a toda costa consolidar la legitimación internacional de los acuerdos, es señal de que realmente no importa que tan minúsculas puedan ser las dudas de la CPI es indispensable despejarlas, ya que su aval resulta trascendental para la implementación de los acuerdos.