Christian Chacón Herrera

OPRIC

El pasado lunes 8 de febrero, la Armada colombiana rescató a 73 pescadores nicaragüenses que quedaron a la deriva cerca al cayo Serrana, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los pescadores quedaron bajo la protección de la misma, ya que las embarcaciones con banderas de Nicaragua, al alertar de la presencia de las autoridades colombianas, se retiraron de la zona dejando a los pescadores y buzos en las proximidades del cayo.

Los pescadores no han sido repatriados al país centroamericano por las difíciles condiciones climatológicas y fueron acogidos y puestos al cuidado de la misma en Serrana, a la espera de hacer la repatriación y entrega correspondiente de estos. Es importante la nota informativa de la Cancillería colombiana que dio parte al país vecino de que estas embarcaciones estaban  realizando “actividades de pesca depredadora en la isla cayo de Serrana, ubicada al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia”[1], afirmación que se realiza ya que se encontraron en poder de los rescatados “350 kilogramos de langosta y caracol plata, especies que son protegidas por peligro de extinción”[2]

Un problema reiterado

Este no es el primer desencuentro en el Mar Caribe entre pescadores y autoridades de ambos países. Después de la emisión del fallo de la Haya, en donde Nicaragua ganó una gran porción de mar y los cayos del Archipiélago quedaron encerrados por los límites definidos por la CIJ, se han dado hechos de capturas mutuas, vinculadas a la navegación y pesca en aguas “ajenas”.

Existen hitos anteriores al fallo[3] pero es de nuestro interés hacer un barrido de los tres hechos acaecidos tras la decisión de la Corte. El primero de ellos se dio en febrero de 2013, en el cayo Serranilla, en donde las autoridades nicaragüenses abordaron una de las embarcaciones, esta fue inspeccionada y se les exhortó a retirarse de la zona en menos de 72 horas.

El segundo sucedió el 30 de abril de 2013, en donde una fragata colombiana retuvo la embarcación “Papa D” de bandera nicaragüense, la cual estaba realizando ejercicios de pesca en el cayo de Serranilla, con mallas y buzos en búsqueda de caracol pala (200 libras aproximadamente)[4]. Por último, el 13 de mayo de 2015, una embarcación nicaragüense asaltó otra colombiana, llevándose la recogida del día, con reacción de las autoridades colombianas aunque tardía.

Lo que deja ver los incidentes aquí enlistados, es que el espacio fronterizo del Mar Caribe entre Colombia y Nicaragua se ha convertido en un espacio de indeterminación o de soberanía traspapelada. Esta situación pone en riesgo tanto la reserva de biosfera “Seaflower” como la posibilidad de sustento de pescadores artesanales de ambos lados, en contrapartida a los beneficios que puedan tener embarcaciones de pesca industrial que puedan permear el espacio fronterizo con mayor éxito.

La indeterminación

Hablamos de un espacio fronterizo indeterminado porque a pesar de que la Corte Internacional de Justicia determinó unos límites referencia, ni Colombia ni Nicaragua han celebrado un tratado o definido los límites precisos de su jurisdicción. Aun así, Nicaragua posee por lo otorgado, espacios marítimos sobre los que Colombia se niega a ceder soberanía, usando estrategias nóveles (y puede que novedosas) como la famosa zona contigua integral establecida por el decreto 1946 de 2013, en la cual habla de una integralidad del Archipiélago y sus mares.

En ambos casos, las autoridades diplomáticas han tenido una relación de tensión aunque cordial. Para el caso del 30 de Abril, las autoridades nicaragüenses declararon que la embarcación había sido capturada de forma irregular, ya que las coordenadas dadas por Colombia parecían no corresponder con las dadas por la tripulación. Colombia, por su parte, ha mantenido un tono bajo ante los hechos acaecidos, aunque siempre haciendo mención a la defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, dicha cordialidad no se ha visto cristalizada en acciones más allá de la defensa de la soberanía. Desde Managua, el presidente Daniel Ortega el 22 de febrero de 2013, después de los hostigamientos a pescadores colombianos, proponía la creación de una zona especial de pesca para los raizales sanandresanos, lo que implicaría un reconocimiento del fallo a lo cual Colombia no estableció mayor respuesta. En su momento, el ejecutivo nicaragüense afirmo que “Yo le propongo al Gobierno de Colombia, al presidente Santos, que cuanto más pronto mejor, podamos organizar estas comisiones que trabajen para que se pueda delimitar la zona (especial) que, por derecho histórico, el pueblo raizal podrá pescar con un permiso permanente"[5].

Los encuentros entre cancilleres de ambos países y entre presidentes ha sido casi nulo, recordando apenas el encuentro que se dio en 2012, recién se dictaminó el límite por la CIJ y algunos intentos en 2015 y en 2015. Esto además aunado a la nueva demanda de Nicaragua sobre la plataforma continental extendida, lo cual muestra que la distancia entre Bogotá y Managua es enorme y no se ven perspectivas de negociación.

Pero ¿no debería haberse establecido un mecanismo bilateral hace rato? Colombia no ha aceptado ningún tipo de acercamiento diplomático, ante la sensación de que conformarla implicaría una aceptación del fallo, ya que Ortega fue propositivo en 2013 sobre dicha materia para arreglar de forma definitiva el litigio. Ante la negativa y la tensión existente, es preocupante ver cómo la zona del Mar Caribe queda a la deriva, sin una soberanía bien delimitada, y con los conflictos alrededor del uso del mar, de la pesca por parte de colombianos y nicaragüenses y la acción de las fuerzas militares de ambos bandos que parecen estar cazando en un espacio que parece pertenecer a ambos.

Colombia está en mora de reconocer y empezar a negociar de la mejor forma un tratado con Nicaragua. Además, está en mora de reconocer la capacidad de agencia de las poblaciones locales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en términos de proponer soluciones a la problemática fronteriza. La Cancillería ha manejado el tema desde Bogotá, sin permitir que desde la población raizal se puedan estrechar lazos con sus pares nicaragüenses, con los cuales tienen filiaciones históricas y culturales. Empezar a abrir los canales de comunicación con Nicaragua y hacer partícipe del proceso a los raizales del archipiélago permitiría que la indeterminación pueda ser resuelta y que se eviten estas circunstancias tan complicadas en una zona que sigue indeterminada y con una soberanía traspapelada.