Camila Natalia Parra

OPRIC

Una vez más  las relaciones en la frontera Colombo-Venezolana se deterioran.  La razón,  consistió en la incursión  que hicieron militares de la patrulla fluvial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  en el territorio colombiano cuando intentaban detener a un grupo de canoeros, circunstancia que se agravó aún más cuando intervino una patrulla de la policía nacional  y dio lugar a una confrontación armada entre ambas fuerzas públicas.

Los hechos sucedieron la noche del sábado 30 de enero, en el municipio de Arauquita[1]. Cuando seis soldados ubicados en la población de la victoria, Estado de Apure, cruzaron el rio Arauca con el fin de perseguir a un grupo de canoeros locales  que se encontraban en un bar cercano a la zona; situación que posteriormente generó un enfrentamiento armado cuando una patrulla de la policía nacional intervino en su defensa.

Según el informe de la comisión de alto nivel de la Defensoría del Pueblo, dicha intervención estuvo fundamentada en los constantes retenes ilegales y las multas de cuantiosa suma que hace la milicia venezolana a los canoeros colombianos, lo que genera  un cese temporal  de dichas actividades y la afectación de una parte importante en la  economía de la región;  declaración que fue estudiada en una reunión de carácter diplomático  por el gobernador de Arauca, el delegado de la Cancillería colombiana y el cónsul de Venezuela en el departamento, dando como resultado la habilitación del puente internacional José Antonio Paéz como único paso terrestre entre ambas regiones fronterizas.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado de prensa explico la situación e instó a las autoridades venezolanas a exponer su versión de los hechos, para poder tomar de manera conjunta las medidas pertinentes en dicho caso[2]. No obstante, el dos de febrero el parlamento venezolano de mayoría opositora, rechazó enfáticamente las declaraciones hechas por Colombia, negando la posibilidad de crear un informe especial del suceso, además de la petición de  suspender toda clase de acusaciones públicas en contra  de sus milicias, oponiéndose de esta manera a  alguna posibilidad de dialogo.

Ahora bien, dicha posición del Estado venezolano resulta ser de  especial atención, puesto que pasa de ser un país totalmente polarizado en asuntos económicos, políticos y sociales, a ser uno completamente armónico en cuestiones  de responsabilidades  en el ámbito  internacional.  Es importante resaltar que uno de los temas claves de la Asamblea Nacional venezolana es la reapertura del espacio fronterizo con Colombia. Situación que ha dado lugar a álgidos debates y declaraciones entre el régimen y la oposición[3], escenario que no es necesariamente verídico cuando de asumir alguna responsabilidad por una intervención indebida en la frontera con Colombia se trata.

Y esa afirmación se hace al momento de  analizar los sucesos ocurridos bajo la lente del derecho internacional público, puesto que se tornan  evidentes las responsabilidades que el Estado venezolano tendría con el colombiano, tal como lo expuso la Cancillería en su comunicado. En primer lugar se aprecia una violación al principio de no amenaza y uso de la fuerza, puesto que al entrar milicias al territorio Colombiano, hacer detenciones de manera arbitraria, y posteriormente permanecer en un enfrentamiento armado, no solo viola la soberanía estatal, si no que ejerce una agresión, lo que para efectos prácticos del DIP ésta sería indirecta, pero en la cual cabria de alguna manera la posibilidad del recurso de legítima defensa.

Situación, que también vale la pena analizar puesto que la actuación de la policía colombiana podría enmarcarse en esta categoría, ya que no solo defendió de manera oportuna a sus connacionales si no que respondió con inmediatez, necesidad  y proporcionalidad; condiciones necesarias en cualquier circunstancia de esta naturaleza.

Además de esto, también es de gran importancia señalar la violación del espacio territorial y por ende de la soberanía nacional, situación que  ha sido reiterativa en lo que lleva la medida del cierre fronterizo y que ha conllevado a fuertes disputas diplomáticas entre ambos Estados. Una situación similar que es oportuna resaltar fue la incursión no autorizada que hicieron algunos aviones de guerra  en el espacio aéreo colombiano, en la cual el gobierno venezolano tampoco asumió las consecuencias, como debía ser correcto.

Finalmente  es  importante resaltar también, las negociaciones llevadas a cabo por los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en la IV cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños (CELAC), los días 26 y 27 de enero  en Quito, donde según declaraciones de prensa[4]  se habían acordado puntos en común para la reapertura de la frontera, lo que sin lugar a dudas con acontecimientos como los del 30 enero, se torna cada vez más lejano. Dejando como resultado una situación que afecta de primordialmente a los residentes en dichas zonas, los cuales se ven inmersos en una circunstancia de incertidumbre provocada por un cierre poroso de la frontera, en donde la visión de seguridad, control mutuo y prohibición del flujo fronterizo hacen que circunstancias como estas se vuelvan recurrentes y en donde no se pueden constituir instancias más formales o diplomáticas para el manejo de impasses como el aquí relatado. La anormalidad de la frontera debe ser tratada más allá de acuerdos para paliar dicha anormalidad, es decir, debe haber acciones más concretas de bando y bando para regresar a una circunstancia de normalidad en materia de  flujos migratorios, pasos de frontera y controles normalizados por parte de quienes ejercen el control sobre estas zonas, en donde existen flujos económicos y sociales ya constituidos por las poblaciones locales.