Camila Natalia Parra Carrillo

OPRIC

El pasado 19 de agosto del 2015, el presidente Venezolano Nicolás Maduro, en un acto unilateral declaró el cierre de la frontera con Colombia. Inicialmente fue en el estado de Táchira, luego extendió la medida a los estados de Zulia, Apure y Amazonas respectivamente. Como argumentos  para dicha situación, se destacan: el contrabando de alimentos, medicinas, y combustibles hacia Colombia, los problemas de orden público y de seguridad causados por la presencia de paramilitares en la zona, así como la renuente actividad cambiaria en el lado colombiano, la cual aprovechaba la situación inflacionaria en Venezuela, afectando su moneda.

Sin embargo, el tema que más furor causo en los medios de comunicación fue la deportación masiva de Colombianos, según algunas cifras 1.821 personas  fueron obligados a cruzar la frontera entre agosto y octubre[1], lo que género demandas por violaciones de derechos humanos, asistencia humanitaria por parte del gobierno nacional y la intervención de la CIDH.  Incluso algunos sectores políticos utilizaron dicha situación mediática como una manera de reafirmar su credibilidad ante la población, escenario que favorecía muy bien las campañas políticas para las elecciones regionales llevadas a cabo en octubre.

Como solución, el 22 de septiembre se llevó a cabo una reunión en la que participaron los presidentes de los dos países afectados, y además como mediadores el actual presidente de Uruguay Tabaré Vásquez y Rafael Correa de Ecuador, quienes también  representaban la UNASUR y  la CELAC  respectivamente. Como medida se acordó una reunión de ministros en la que ambas partes se comprometerían a diseñar un plan, que brindara respuesta a los problemas que causaron el cierre, y una estrategia de paz que estuviera acorde con los intereses de ambos Estados.

Sin embargo,  después de  dos meses de dicha reunión, aún la situación en la frontera no se ha normalizado y por el contario  el cierre unilateral se fortalece, hasta el punto que en las últimas declaraciones del presidente Venezolano ha indicado que de ser necesario se puede mantener el cierre de la frontera y el estado de excepción incluso por dos años más, situación que es jurídicamente valida y constitucional según el tribunal supremo de justicia de dicho país cuando avaló  la prórroga de 60 días más, expedida por Nicolás Maduro.

Ahora bien, resulta inquietante por que Colombia aún no ha tenido un pronunciamiento ni una respuesta  al respecto y cuál es la razón de que dicho acontecimiento,  ya no sea un punto central en los medios de comunicación ni en los titulares de prensa por lo menos nacionales, después de todo el efecto mediático que se dio en agosto y en septiembre. Una primera razón puede desglosarse del extremo centralismo que ha tenido por tradición este país, al no afectar de manera seria la economía Colombiana ni comprometer razones políticas de peso, la situación en la que ahora se ven inmersos los departamentos que hacen parte de la frontera puede esperar, puesto que existen temas de mayor importancia como las nuevas alianzas comerciales con la región Asiática, el fortalecimiento diplomático con la Unión Europea, o incluso el mismo proceso de paz, en el cual se juega el futuro del país a mediano y largo plazo.

Es importante también resaltar la situación de los grupos de poder que confluyen en dicha zona. según declaraciones de prensa,[2] en las  desarticulaciones de las bandas paramilitares se encuentran funcionarios del ejército y de la policía, los cuales pertenecían  de manera directa o indirecta a redes de contrabando y narcotráfico; lo cual genera ciertos efectos que no favorecerán  la opinión que se tenga de la fuerza pública de dicha región, deslegitimando las medidas de orden y seguridad implantadas por el gobierno y reconociendo de alguna manera las demandas del gobierno venezolano, quien en términos prácticos e ideológicos, se aleja bastante del Colombiano.

Además, no hay que olvidar la favorabilidad de la situación económica venezolana a la economía de las regiones limítrofes, lo cual puede generar ciertas presiones para que no exista o sea limitada la información y de esta manera no desatar un boom mediático el cual solo generaría que se tomaran con más premura las medidas acordadas en la reunión de ministros, haciendo cada vez más difíciles el acceso a los beneficios económicos que genera la inflación del país vecino.

De igual manera, según el derecho internacional público al ser dicha medida un acto unilateral,  el Estado colombiano  no tiene injerencia en ese tipo de decisiones, a menos que afecte su integridad territorial o su soberanía nacional  y al no estar presentándose ninguna de las dos situaciones, pretender ejercer algún tipo acción podría catalogarse como violación al principio de no intervención, el cual si bien no es Ius Cogens , se encuentra en la carta de la ONU, a la cual Colombia está suscrita.

Entonces, el hecho de que por el lado Colombiano el tema de la frontera ya no sea de especial relevancia, responde a características internas y externas del Estado, lo que sin duda no deja de preocupar puesto que si bien en el resto del país dicho cierre no afecta de manera significativa, en las regiones que confluyen allí si, tal como lo expreso el gobernador del Norte de Santander, quien pidió mayor atención por parte del Estado y más visibilidad al conflicto. Habrá que esperar qué medidas se siguen implantado y que postura  el Estado Colombiano está dispuesto a asumir y más ahora en un periodo clave para el país puesto que por un lado  se negocia la paz, y por el otro se pretende consolidar como una economía fuerte en la región, la cual no puede darse el lujo de tener enemistades  ni conflictos, puesto que en épocas tan decisivas cualquier aliado por pequeño que parezca puede ser fundamental.