Francisco Javier Quito Córdoba

OPRIC

Hace aproximadamente un año, este Observatorio hacía un seguimiento a la situación interna venezolana y el manejo que desde sectores políticos de Colombia (principalmente el Gobierno Nacional y los Partidos Políticos con sus candidatos presidenciales en ese entonces) se le daba a este tema[i]. Actualmente, se puede indicar que persiste un clima de incertidumbre en el vecino país: las medidas frente a las manifestaciones que expresan oposición a la presidencia de Nicolás Maduro, y una situación económica que se retrata internacionalmente por tener problemas de abastecimiento (sin dejar de lado los problemas que representan la caída del precio del petróleo), dan cuenta de las dificultades a las que actualmente se enfrenta el gobierno venezolano actual.

Frente a lo anteriormente planteado, ¿ha cambiado en algo el manejo diplomático que el Gobierno colombiano ha otorgado a las circunstancias que acontecen en el vecino país?, en un año caracterizado electoralmente por su lógica regional ¿se manifiestan los partidos políticos colombianos frente a un tema de relaciones bilaterales?, ante los problema internos del vecino país ¿Cómo se orientan las relaciones que el gobierno Maduro establece con nuestro país? Estas son algunas preguntas que buscan ser resueltas en el desarrollo de este artículo.

 ¿Volver al pasado? Continuidades y cambios.

Si bien se percibe que en el año que ha transcurrido continúan las protestas en contra del gobierno Maduro en el vecino país, hay que indicar que se evidencian cambios en las dinámicas de movilización. El año pasado, las marchas tenían como principales protagonistas a diversos sectores de estudiantes universitarios que convocaban a la población en general a denunciar la situación interna venezolana[ii], además de los problemas del régimen asociados con medidas lesivas contra la libertad de prensa; actualmente, la situación interna de Venezuela se ha complejizado debido a los problemas que enfrenta la oposición política y las muestras de desabastecimiento económico (junto con problemas de divisas asociados a la caída del precio del petróleo).

Y es la situación de la oposición venezolana el tema alrededor del cual giran los pronunciamientos que desde Colombia se hacen de la situación del vecino país: particularmente, hay que resaltar la iniciativa del Partido Conservador Colombiano de solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los opositores políticos venezolanos[iii], junto con las declaraciones de Marta Lucía Ramírez (excandidata presidencial por esa colectividad política) en las que instaba al presidente Juan Manuel Santos de convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) como forma de defender la democracia y los derechos humanos en el vecino país[iv].

Además de los pronunciamientos conservadores, hay que mencionar las declaraciones por parte de la Alianza Verde, en las que se hace un llamado al dialogo como mecanismo de solución de diferencias y la solicitud de garantías para la oposición; junto con la opinión del Procurador General Alejandro Ordoñez para quien la detención de Antonio Ledezma es un “atentado dramático al sistema jurídico y político venezolano”[v]. Mientras que el Centro Democrático se ha incorporado a la idea del “silencio cómplice” que el Gobierno colombiano actual realiza para con la presidencia vecina[vi], la de “persecución política” de la que es objeto al interior de nuestro país y como una manifestación de que la situación venezolana puede ser reproducida en Colombia[vii]. Las menciones de términos como “democracia” y “oposición” plantean el interrogante de qué significan estas dos palabras para los actores políticos que se han mencionado, teniendo en cuenta que esos mismos actores llegaron a pronunciarse de manera diversa en un caso interno como lo fue la sanción de la Procuraduría en contra de Gustavo Petro y la acción de la CIDH en el mismo.

Pero la posición del gobierno Santos no solo ha considerado la situación de la oposición venezolana, sino que también se ha referido al cuestionamiento que el propio Nicolás Maduro hizo frente a la publicación de dos artículos de opinión en la revista Semana (una caricatura en la sección Vladdomanía, y un artículo en la sección Microlingotes) que aludían a la situación de su país[viii]. Si bien en declaraciones a la Agencia EFE (27 de febrero[ix]), el presidente colombiano mostraba su disposición de ser mediador en el conflicto político venezolano (respetando la autonomía y si las dos partes lo deseasen), en su alocución presidencial inicial (20 de febrero) Santos indicaba que “Colombia ha defendido los valores democráticos, las libertades, el derecho a la libre expresión” enfatizando en el respeto a opositores, contradictores y caricaturistas[x]. Ya se ha cuestionado la forma en cómo se manejan discursivamente determinados términos, pero además de eso, en el caso de la posición presidencial se resalta la invocación de una diplomacia “prudente y efectiva”, alejada de las “situaciones de micrófono” y el hecho de que en sus intervenciones se busca mantener un balance entre no hacer mayores críticas al gobierno venezolano y responder a los reclamos internos que anteriormente se han señalado[xi].

Colombia, el “Imperio”, y una “guerra económica”

El gobierno venezolano se ha pronunciado sobre la situación económica interna como producto de un intento internacional (dirigido principalmente por los Estados Unidos) por terminar el proyecto del “socialismo del siglo XXI”[xii]: en ese orden de ideas, lo que el presidente venezolano llama la “oligarquía colombiana” (en especial sus facciones fascistas, representadas por figuras como los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe), ha contribuido a generar la percepción internacional de problemas de abastecimiento en Venezuela.

Si bien se alude principalmente a iniciativas por parte del país norteamericano (como la financiación de intentos de golpe de estado), vale la pena hacer una revisión de las relaciones comerciales colombo-venezolanas. En este punto se hace necesario señalar que se presenta una tendencia al déficit por parte de Venezuela durante la última década en la balanza comercial con Colombia; adicionalmente, y en términos generales, si bien las importaciones desde el vecino país aumentaron el año pasado (un aumento de 6,3% en el periodo de Enero a Noviembre de 2014, en comparación con el mismo periodo de 2013[xiii]), las exportaciones han venido decreciendo desde 2012[xiv].

La respuesta a esa relación inversa entre importaciones y exportaciones que involucran al vecino país está vinculada con el hecho de que las expropiaciones a diversas compañías ubicadas en territorio venezolano[xv], junto con los problemas del régimen cambiario (que se ha traducido en el impago de liquidaciones de divisas a empresas foráneas, como lo es el caso de las aerolíneas[xvi]), han generado una sensación de inestabilidad para posibles inversiones en Venezuela. La relación de sectores económicos colombianos con las dos situaciones anteriormente descritas da a entender que, más que promover el desabastecimiento al otro lado de la frontera, la “diplomacia prudente y efectiva” del gobierno Santos también vela por los intereses que se ven afectados por la situación interna venezolana (en el entendido de que cualquier declaración en contra del gobierno vecino puede significar represalias, como ya ocurriese con el enfrentamiento entre los expresidentes Uribe y Chávez), y no solo se preocupa por el apoyo venezolano al proceso de paz.    

¿Amenazas paramilitares o amenazas interfronterizas?

El ámbito de la seguridad también ha sido objeto de las declaraciones del presidente Maduro: la participación colombiana en la inestabilidad de Venezuela no está limitada al aspecto económico (posición cuestionada anteriormente), sino que incluye la infiltración de grupos paramilitares[xvii] que promueven la violencia y el desorden en las comunidades fronterizas[xviii] y el país en general. Pero, ¿qué actores armados operan en la frontera?

Dejando de lado las tensiones que en el pasado se han generado entre los dos países por la presencia guerrillera en la zona de frontera, se destaca el hecho de que grupos que en Colombia se han denominado como “banda criminales” (BACRIM), operan entre los dos países, realizando actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico y el contrabando[xix]. Si bien se puede situar el origen de muchos de estos grupos armados ilegales como un suceso posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indicar que son grupos paramilitares es concederles un estatus que el gobierno Santos no ha pensado y no está dispuesto a otorgar[xx].

Cuestionado el rotulo de “paramilitar” que se puede otorgar a actores ilegales específicos presentes en el espacio fronterizo, hay que indicar que la falta de coordinación entre los gobiernos centrales colombo-venezolanos[xxi], no solo en el tema de seguridad fronteriza, sino en aspectos como la facilitación de la movilidad interfronteriza y la búsqueda por la dinamización económica de la región compartida de ambos países con inversiones en diversos frentes (como la colocación de industrias complementarias o la promoción de programas binacionales de formación y capacitación para los pobladores fronterizos), da muestra de que la cuestión fronteriza es un tema relegado para ambos gobiernos y que solo es trascendental en momentos específicos.

A modo de cierre.

Inicialmente se plantearon una serie de preguntas como guía para el desarrollo de este artículo, y en el mismo ya se ha dejado entrever el análisis de puntos en concreto. Ahora bien, como puntos de conclusión se puede indicar que: a nivel interno, la situación de Venezuela expresa una identificación de los partidos políticos que no hacen parte de la denominada “Unidad Nacional”[xxii] (como coalición gobernante en el país), que manifiesta uno de los puntos que a nivel interno en Colombia no se han logrado resolver: el establecimiento de un Estatuto de Oposición dentro del actuar político y legislativo en el país, a pesar de que no se haga alusión directa de lo que significa la “democracia” y la “oposición” para estos actores[xxiii].

El Gobierno colombiano actual mantiene una actitud coherente respecto a su manejo de las relaciones bilaterales con el vecino país, alejándose de la “diplomacia mediática” de otros tiempos y aludiendo a los mecanismos formales para la resolución de los problemas y conflictos. Más sin embargo, si la visión del presidente Santos es posicionar a Colombia como un actor con mayor relevancia dentro del escenario internacional, se hace necesario que las propuestas frente a los problemas del vecino país se materialicen y no se queden como simples anuncios o disposiciones.

La participación colombiana en una conspiración en contra del Gobierno venezolano actual queda en entredicho no solo por la exposición de elementos realizada a lo largo de este artículo, sino que las declaraciones del propio Nicolás Maduro terminan por contradecir sus planteamientos: si desde Colombia se patrocina el envío de grupos paramilitares, ¿por qué hacer referencia a la llegada de colombianos a su país como un ejemplo de que la “oligarquía colombiana y sus medios” están en una campaña de odio contra su país y su gobierno[xxiv]?, una pregunta pertinente teniendo en cuenta la situación de deportación a la que se han enfrentado muchos connacionales en los últimos meses.

Frente al tema fronterizo es importante destacar que, ante esta recomposición de la situación venezolana y de la interpretación que actores específicos hacen de esta, sigue siendo marginal, olvidándose que es la zona poblacional que sufre de primera mano los problemas internos de un lado u otro y las decisiones cuestionables que los gobiernos centrales de ambos países realizan de modo unilateral (e inconsulto con los habitantes fronterizos) y que contribuyen por agravar problemas de índole social y económico[xxv]. Una política fronteriza debe contar con la coordinación de ambos gobiernos y concebirse como una política de Estado cuyas disposiciones no sean cambiadas debido a las dificultades de los gobiernos para encarar determinados asuntos.