Nicolás Martínez Patiño

OPRIC

El espectacular aumento que ha sufrido el precio del dólar con respecto al peso colombiano, desde julio del año pasado,  ha tenido serias consecuencias en el comercio regional, particularmente entre el comercio binacional entre Colombia y Ecuador. Mientras que el 5 de julio de 2014 por cada dólar se dieron1842 pesos, a finales de enero el dólar se seguía cotizando por encima de los 2400 pesos. ¿Qué ha significado el aumento del precio del dólar en comparación del peso en el comercio entre Colombia y Ecuador?

En primer lugar esto ha tenido algunos desequilibrios macroeconómicos para el país ecuatoriano. Dada la ausencia de moneda propia desde la dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000, el gobierno de ese país dejo de contar con la política monetaria como instrumento de política comercial. Desde entonces ya no se puede apelar a la compra o venta de divisa para debilitar el tipo de cambio y por tanto fortalecer las exportaciones, simplemente porque es la misma divisa la que se usa en las transacciones corrientes dentro del país. Esto ha provocado que, durante los últimos meses con la revaluación del dólar, el país vecino haya perdido competitividad en su comercio bilateral ya que cada vez puede exportar menos ya que sus productos se vuelven relativamente más caros, pero por el contrario aumentan sus importaciones ya que sus ciudadanos pueden comprar más bienes con la misma cantidad de dólares.

La reacción del gobierno ecuatoriano entonces no tardó y el 24 de diciembre el Comité de Comercio Exterior (Comex) presentó la solicitud de emergencia a la Secretaria General de la CAN con el fin de resguardar la competencia ecuatoriana la devaluación del peso colombiano y del sol peruano apoyándose en el artículo 98 del acuerdo de Cartagena. Este pedido tenía ya varios antecedentes del mismo gobierno ecuatoriano. Sin embargo, esta vez sin haber recibido un concepto de la Secretaria General de la CAN, el 5 de enero de este año el Comex fijó un arancel del 21% para las importaciones provenientes de Colombia y uno de 7% para las importaciones provenientes de Perú como medida de emergencia transitoria.

Más exactamente, de acuerdo con el artículo 98 del acuerdo de Cartagena “si una devaluación monetaria efectuada por uno de los países miembros de la CAN altera las condiciones normales de competencia, el país que se considere perjudicado podrá plantear el caso a la Secretaría General, que deberá pronunciarse breve y sumariamente”[1].  

De acuerdo con esto, el gobierno ecuatoriano debería haber esperado el concepto de la Secretaría General de la CAN. Sobre todo  cuando puede ser controversial la afirmación que han sido los gobiernos de Colombia y Perú quienes han devaluado su moneda, y no pensar que la rápida  apreciación del precio del dólar a nivel internacional haya sido generalizado y provocada por varios factores como la fuerte caída del precio del barril de petróleo, la recuperación de la economía estadounidense y la expectativa del aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense[2].

Esto también explicaría porque finalmente después de largas conversaciones el gobierno ecuatoriano a principios de febrero aceptaría finalmente quitar los aranceles para ambos países para finales de mes, acudiendo a la salvedad de que se echaría mano de otras estrategias multilaterales. Todo esto días justo unos días antes de que saliera la resolución 1762 de la Secretaria General de la CAN en donde 1. Se denegó al gobierno ecuatoriano las medidas arancelarías transitorias impuestas a Colombia y Perú, 2. Se ordenó el levantamiento de las medidas impuestas de manera inmediata, y además 3. Se recomendó establecer mecanismos para la devolución del dinero obtenido de la tasa a las empresas que se vieron afectadas con la medida[3].

Siguiendo el argumento de echar mano a otras estrategias multilaterales el gobierno ecuatoriano ya ha comenzado a dar declaraciones respecto a que se empieza a reflexionar sobre si vale la pena continuar dentro de la CAN como proyecto de integración andino[4], lo que ya despertó el malestar en algunos sectores como la Cámara de Comercio de Quito dado el impacto negativo que esto tendría sobre el comercio entre la región andina[5].

Si bien no es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa ha repensado sobre la permanencia de Ecuador en la CAN[6], una eventual salida de ese país esto sería bastante preocupante para la misma existencia de la CAN como proyecto viable de integración. Después del abandono definitivo de Venezuela en 2011 después del plazo cumplido de 5 años desde que anunció su retiro definitivo para integrarse al Mercosur, la CAN se ha caracterizado por ser un proyecto que empieza a ser desplazado poco a poco por otras iniciativas como el ALBA, y la Alianza Pacífico.

Hasta el momento el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de un posible abandono de Ecuador de la CAN, lo que resta por ver es si las amenazas del gobierno ecuatoriano se cumplen dada la confirmación de la resolución 1762, y se empieza a enterrar definitivamente a la CAN, tal como se ha ido enterrando al mismo parlamento andino.