Francisco Javier Quito Córdoba

OPRIC

En las últimas semanas, una delegación panameña ante la Organización Mundial de Comercio sustentó los argumentos por los cuales ese país inició una reclamación contra Colombia[i], por el tema de medidas arancelarias que afectan las exportaciones del país centroamericano desde la Zona Libre de Colón (ZLC) hacia su vecino. Sin embargo, la posibilidad de que el país andino incluya a Panamá en una lista de “paraísos fiscales”[ii] hace preguntarse por la dinámica de las relaciones entre ambos países, considerando que el asunto más publicitado de estas ha sido el caso del asilo de María del Pilar Hurtado.

El Darién, refugiados y contrabando: cuestiones de larga data.

Temas polémicos entre ambos países no han faltado y no se han limitado al ámbito de las relaciones comerciales y de una sola persona. Desde el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006 – 2010) se pueden rastrear diferencias que van desde el paso de la Carretera Panamericana por el Tapón del Darién, incluyendo medidas para enfrentar el contrabando y el lavado de activos (tema aún vigente y que justificaría la inclusión por parte de Colombia de su vecino en una “lista gris”), hasta temas humanitarios por la situación de desplazados y refugiados en el país centroamericano.

La cuestión de la Panamericana fue un debate que incluyo una diversidad de posiciones. Además de las consideraciones ecológicas, ambientales y poblacionales (teniendo en cuenta la presencia de comunidades indígenas en la zona), el asunto fue llevado a las esferas de seguridad y explotación económica de manera especifica: desde Panamá hubo declaraciones en las que se afirmaba que la carretera constituía un elemento para que al país llegaran problemas relacionados con el narcotráfico y otros tipos de delincuencia (como el traslado del lado colombiano hacia el país centroamericano de las acciones de los grupos armados ilegales que operaban – o aún operan – en la zona)[iii], e incluso se llego a mencionar desde Colombia el interés de integrar la zona a proyectos de ganadería y palma africana[iv]. Finalmente, durante el gobierno de Martín Torrijos (presidente para el periodo 2004 a 2009), y aún con la elección de Ricardo Martinelli (elegido para el periodo 2009 – 2014), el proyecto continúo siendo rechazado por Panamá.

Aún así, actualmente hay otro proyecto que involucra la zona del Darién y que también ha sido objeto de discusión a ambos lados de la frontera: el desarrollo de la interconexión eléctrica entre ambos países. El proyecto, parte de los acuerdos del Plan Puebla – Panamá[v], y que llegaría contribuir a mejorar la provisión energética panameña y a ser un avance para la integración energética centroamericana, fue reactivado en julio de este año[vi] (después de haber sido descartado el año pasado por “falta de recursos”[vii]) y ha sido cuestionado por el impacto ambiental que tendría en la zona[viii].

Respecto a la situación de las personas desplazadas y refugiadas que se encuentran en Panamá, el país vecino ha cambiado la forma de atender este problema derivado del conflicto armado interno colombiano. Tal como se plantea en el artículo de López Rojas[ix], desde Panamá se plantearon mediadas hostiles para evitar más desplazamientos (y que involucraban las promoción del retorno) hacia su territorio y que llegaban a desconocer las características de los desplazados colombianos; medidas que han cambiado con el tiempo, al punto que se han presentado iniciativas, no solo relacionadas con la protección humanitaria, sino también con la regulación de la situación de estas personas al interior de su territorio[x].  

En cuanto a los asuntos comerciales, relacionados con los pleitos actuales entre ambos países, desde 2006 ya se presentaban conflictos entre ambos países debido a las medidas arancelarias que desde Colombia se aplicaban a los productos re-exportados desde la ZLC. Si bien en diciembre de ese año se dio una solución convenida entre las partes ante la misma OMC[xi], la aplicación de restricciones por parte de Colombia continúo durante 2007: la justificación para esta situación se encontraba en balances de reducción del contrabando y la continuación de la protección de la industria nacional[xii]. Sin embargo, en Panamá este incumplimiento de lo convenido llego a interpretarse como un retroceso ante la presión política de ciertos sectores industriales, al tiempo que declaraba tener pérdidas en el puerto por las medidas colombianas[xiii]. 

Aranceles, información financiera y el desarrollo de los pleitos actuales.

A pesar de este antecedente, y de que en enero de 2013 el gobierno colombiano expidió el Decreto 074, con el cual se establecían formas impositivas a productos importados del sector textil y calzado, ambos países suscribieron un Tratado de Libre Comercio en septiembre de ese año, y que se constituía en un paso más del país centroamericano para lograr su adhesión a la Alianza del Pacifico[xiv]. Y es en medio de los dos hechos anteriormente mencionados que se inicia la solicitud panameña ante la OMC (en junio de 2013)[xv].

Es en este punto donde las viejas justificaciones (con nuevos elementos) de ambas partes vuelven en el desarrollo del conflicto: por su parte, Panamá ya no sólo argumenta la afectación que esta medida representa en sus intereses comerciales, sino que afirma que Colombia llega a violar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en ingles) de 1994[xvi]; mientras que Colombia plantearía su defensa en la efectividad de esta medida frente al contrabando, el lavado de activos (por su relación con las “exportaciones ficticias”[xvii]) y el mejoramiento de la competitividad de los productos colombianos de los sectores arriba mencionados (especialmente frente a los productos provenientes de economías asiáticas – China, sobre todo –[xviii])

Con respecto al tema de la inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales por parte de Colombia, este se desarrolla a partir del Decreto 2193 de 2013[xix] y con el establecimiento en el mismo del intercambio efectivo de información entre el país sudamericano y las jurisdicciones que, según criterios nacionales (como lo es el propio Estatuto Tributario) e internacionales (como lo son los informes sobre transparencia fiscal elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE –), se han establecido como “paraísos”. Aunque el tema ha llegado a ser puesto en la agenda binacional de ambos países[xx], desde Panamá se considera que el establecimiento de un tratado de información fiscal y financiera se constituye como un riesgo, no solo para las inversiones en la país centroamericano (porque las “inversiones estarían pagando una sobretasa al ser repatriadas las ganancias”[xxi]), sino también para la seguridad y la soberanía nacionales[xxii].

¿Y el dialogo binacional?: A modo de conclusión.    

Los asuntos expuestos anteriormente hacen preguntarse sobre la manera como están planteados los mecanismos bilaterales entre Colombia y Panamá y su capacidad para ofrecer repuestas y solución a los problemas que enfrentan ambos países. Si lo que se busca es mejorar las relaciones, fomentar la integración y proyectar una imagen internacional atractiva, ¿por qué parece que, un tema importante, como lo son las relaciones comerciales, para el cumplimiento de este propósito por parte del gobierno colombiano ha sido relegado y pospuesto dentro de los diálogos que se han presentado entre los gobiernos de ambas naciones en los últimos meses?[xxiii]

Hay que agregar la pregunta por las instancias internacionales en las que se encuentran ambos países y su rol como facilitadoras en la solución de conflictos: si Panamá y Colombia hacen parte de la OCDE, y desde esta organización internacional se establecen recomendaciones sobre la transparencia fiscal y financiera, ¿por qué ambos países no han avanzado desde este punto común para resolver un tema que puede rastrearse incluso hacia 2002[xxiv]? Además, queda el interrogante por las iniciativas regionales en las que participa Colombia (como la propia Alianza del Pacifico) y su capacidad para atender este tipo de situaciones.

Se puede ver que más allá de lo mediática que ha resultado la situación de María del Pilar Hurtado, hay otros temas que requieren de la acción conjunta de ambos países con el fin fortalecer sus relaciones y posibilitar beneficios para ambas partes: y no es una simple cuestión de coordinación entre las instancias gubernamentales, sino que requiere la participación de los sectores sociales que se ven afectados por las medidas que tanto Panamá como Colombia desarrollan (bien sean las poblaciones que se encuentran en el Darién o los grupos económicos de cada país).