Valeria Mejía Hidalgo

OPRIC

Después de que en 2013, Colombia peleó por mantener la cooperación de la UE, tras su reconocimiento como país de Renta Media-Alta[i], condición que lo elimina de la lista prioritaria de ayuda internacional; hace pocas semanas, la Unión Europea aprobó el plan de cooperación con Colombia para el período 2014-2017[ii], el cual cuenta con un  presupuesto de 67 millones de euros, distribuido en 3 iniciativas: la primera, desarrollo local y apoyo institucional; la segunda, comercio sostenible e inversión y la tercera, refiere a otros proyectos. Cuantitativamente, el 80% (53,6 millones de euros) de los recursos, se destinarán a la primera iniciativa; el 15% a la segunda (10 millones de euros) y el 5% restante al tercer grupo de proyectos (3,4 millones de euros)[iii]. El monto total destinado, representa desde ya, una disminución considerable frente a los 160 millones de euros recibidos durante el periodo 2007-2013.

La decisión fue tomada por la Comisión Europea y publicada en la cuenta de Twitter de la Oficina de la UE en Colombia, la cual, a su vez, informó que las prioridades e iniciativas definidas están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo (es decir, pretenden apoyar la mayor generación de empleo, la disminución de la pobreza y el aumento de la seguridad) y contaron con un proceso previo de consulta a la sociedad civil y a las representaciones de los Estados miembros de la UE en Colombia.

No obstante, es importante hacer énfasis en la sociedad civil, especialmente, en las organizaciones que de ella se derivan, las cuales, durante el primer periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, expresaron su inconformismo frente a la formulación de proyectos y a la manera en que se repartieron los recursos provenientes de la ayuda internacional, pues exponen que existe una falta de voluntad política en lo que respecta a la priorización de temas o proyectos, que es reemplazada por intereses particulares.

Aunque, las Organizaciones de la Sociedad Civil colombiana, reconocen que la cooperación de la UE tiene objetivos provechosos para el país, es urgente, la incorporación de un instrumento de vigilancia fuerte y efectivo que se enfoque en los proyectos que de sus recursos dependen. “La cooperación de la UE tendrá sentido profundo en el país en cuanto promueva o aporte a la promoción de cambios reales. La sociedad civil y los movimientos sociales en toda su diversidad son quienes pueden promover estos cambios hacia un Estado democrático, ejerciendo un control ciudadano sobre la actuación del Estado” [iv]

Ahora bien, por su parte, la Unión Europea, producto de la experiencia adquirida[v], resaltó que la cooperación deberá contar con la participación constante de la sociedad civil, en los niveles regional y municipal, en la formulación e implementación de políticas públicas y en la supervisión del uso de los fondos públicos. En otras palabras, reconoce que la participación real de la sociedad civil es una necesidad en Colombia, en cuanto a la correcta ejecución de los recursos de cooperación, más aún, si se tiene en cuenta el posible escenario de posconflicto, donde el dialogo entre todos los sectores jugará un papel protagónico para lograr la articulación del sistema político, social y económico.

Sin lugar a dudas, es pertinente, tener en cuenta que las relaciones políticas entre la UE y Colombia[vi], datan de años atrás y se han desarrollado en tres escenarios. El primero, desde 1987 en el marco del dialogo y la concertación política con el Grupo de Río. El segundo, refiere al Acuerdo entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, firmado el 23 de abril de 1993. Dicho Acuerdo, se fundamenta en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, lo cual permitió que se ampliaran los campos de cooperación, en términos económicos y de desarrollo. Finalmente, en el campo bilateral, las relaciones entre la Unión Europea y Colombia, han atravesado un proceso de fortalecimiento desde 1990. Año que especialmente, representa un hito para la cooperación entre estos dos actores, pues el gobierno Barco presentó a las instancias comunitarias un Plan Especial de Cooperación económica (PEC), que trataba de acciones encaminadas a paliar los efectos negativos de la droga contra el medio ambiente, la economía y el ámbito social colombiano.

En consecuencia, la agenda de cooperación entre la Unión Europea y Colombia, mantiene las prioridades definidas desde sus orígenes, pero en la actualidad, se enfoca, especialmente, hacia el fortalecimiento del Estado, en cuanto a su institucionalidad y a la participación de la sociedad en general, al respeto de los derechos humanos y al medio ambiente, como una posible estrategia, para contribuir a la generación de las condiciones óptimas para el desarrollo de los nuevos o renovados objetivos que el gobierno Santos plantee para su segundo período en el aún desconocido Plan de Desarrollo. Por tanto, todavía no es claro, si la alineación de la cooperación, a la que se refiere la Oficina de la UE en Colombia, versa sobre el antiguo o el nuevo PND, lo cual obstaculiza las proyecciones de ejecución del reasignado presupuesto. La incógnita quedará en el aire y lo que se diga serán sólo suposiciones, hasta que el custodiado texto sea de conocimiento público.