Valeria Mejía Hidalgo

OPRIC

El controversial acuerdo de cooperación militar entre Colombia y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), suscrito el 25 de junio del año pasado en Bruselas, fue descrito por Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón “como un mecanismo para intercambiar información clasificada entre las partes y para que este país pueda elevar los estándares de sus Fuerzas Armadas en áreas como protección de derechos humanos, operaciones de paz, justicia militar y atención de desastres naturales”[i].

El 11 de septiembre de 2013, Pinzón presentó el proyecto de ley al Congreso, esperando obtener el aval definitivo para el acuerdo. Casi un año después de su radicación, fue aprobado por la Cámara de Representantes, con 81 votos a favor y 9 en contra[ii]. No obstante, el proyecto aún debe cumplir con algunos trámites para su entrada en vigor, como la revisión de la Corte Constitucional, en la cual se estudiará si el acuerdo se ajusta a la Carta Política colombiana.

¿Qué busca el acuerdo?

Según el proyecto de ley, el acuerdo de cooperación busca dos metas centrales: la primera, mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia internacional; y la segunda, orientar con una visión diferente, el futuro de la Fuerza Pública colombiana. El cómo de los objetivos, se resuelve con las medidas que el texto contiene[iii], que en pocas palabras, establece que es un acuerdo de ayuda mutua, en el cual el intercambio y la protección de la información es una responsabilidad compartida, por tanto, no se permite divulgar información a un tercero sin la aprobación de los dos cooperantes.

Por parte de la OTAN, Colombia tendrá acceso a las buenas prácticas y a los estándares profesionales de la organización en lo que respecta a seguridad y operaciones militares. Por otro lado, el país, ofrecerá “los conocimientos y capacidades adquiridas en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado”[iv]; aportaría el know-how, producto del conflicto interno que el país ha enfrentado durante 50 años, pero con el sabor de que el fin de esos males se acerca y que es pertinente exportar las enseñanzas de la experiencia. Cabe resaltar, que el acuerdo se alinea con los objetivos de la Estrategia Nacional de Cooperación 2012-2014 y con la puesta que Santos hizo desde el primer período de gobierno, con respecto a la proyección de Colombia como un país oferente y receptor de ayuda internacional. Pero, a su vez, la imagen que se quiere proyectar entra en tensión con las necesidades reales del país, pues la cooperación internacional que recibe Colombia, aún tiene un gran significado político y social, y en un menor porcentaje, económico. Ahora bien, también se debe pensar en los desafíos y exigencias del posconflicto, que posiblemente, aumentarían la tensión antes mencionada.

Teniendo en cuenta, que el acuerdo aún no cuenta con el aval interno definitivo, no ha sido un impedimento para que se pongan en práctica algunos de los programas acordados, pues expertos colombianos están colaborando con la iniciativa de “construcción de integridad” con el fin de fomentar la transparencia en el sector y con actividades de codificación para crear estándares logísticos comunes[v]. Por consiguiente, para las partes, la alianza ya es, en la práctica, una realidad.

Lo anterior, lleva a pensar en dos escenarios: uno, en el cual el gobierno Santos proyecta al país como un participante muy activo en la oferta de cooperación en seguridad; y en el otro, las Fuerzas Armadas colombianas con la ayuda internacional, cambian el enfoque de su papel en el contexto del posible posconflicto, producto de los Diálogos de Paz que se realizan en La Habana. En sí, la transformación del papel interno del Ejército y Policía Nacional consistiría en una transición de la doctrina del conflicto interno a la de la defensa contra las amenazas internacionales, en un cambio del objetivo militar.

Y la controversia no desaparece.

A pesar, de que el proceso para avalar internamente el acuerdo se esté desarrollando a un buen ritmo, la controversia nacional e internacional todavía está en el panorama. Particularmente, algunos países de la región, como Venezuela, Ecuador y Brasil, no han interpretado positivamente la iniciativa colombiana, en la medida, en que para ellos representa una amenaza para la estabilidad de la región. Es más, altos funcionarios de países vecinos, como el ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, han considerado que el acuerdo es contradictorio con los objetivos que Colombia se comprometió a perseguir como miembro de UNASUR y específicamente, del Consejo de Defensa Suramericano.

El riesgo para la región, identificado por los países vecinos, es que el acuerdo al establecer una ayuda mutua basada en el flujo de información en materia de defensa y seguridad, se constituya en una fuente de información de primera mano de la OTAN, sobre lo que acontece en América Latina, generando debilidad militar y defensiva frente a la comunidad internacional en un eventual conflicto. En el ámbito nacional, el congresista Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático, declaró que el acuerdo “no es una cooperación, es un centro de acopio de inteligencia que le servirá a la OTAN, lo que le crea a Colombia un problema, ya que en caso de un conflicto internacional se vuelve vulnerable porque podría convertirse en objetivo militar”. Es decir, que el temor regional y nacional es el mismo: vulnerabilidad militar de Colombia y Latinoamérica, patrocinada por la información que se compartirá con la organización internacional.

Esta iniciativa, se puede leer como una carta importante dentro de la estrategia internacional del gobierno Santos, pero es un arma de doble filo, pues como lo señaló Socorro Martínez, “Colombia ha avanzado en términos económicos, de institucionalidad, de seguridad, pero está lejos de pensarse como potencia regional y me parece que menospreciar la importancia de la buena vecindad y de la construcción de ese acercamiento regional es un riego muy alto”. En otras palabras, el acuerdo es un elemento que juega en contra de la política de acercamiento  con sus vecinos, Ecuador y Venezuela, que Santos ha impulsado desde su primer período de gobierno.