Juan Carlos Rubiano Valencia
OPRIC
María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo, los tres funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 1ue están actualmente prófugos de la justicia colombiana en el exterior; forman parte de un punto central en la agenda de la política internacional del gobierno Santos. Por ello el gobierno y la cancillería han adelantado gestiones de distinto tipo ante organizaciones internacionales y distintos Estados, para que estos tres exfuncionarios rindan cuentas a la justicia colombiana.
Los altibajos del proceso
La ex directora del DAS María del Pilar Hurtado acusada en 2010 por “el caso de las chuzadas” o interceptaciones telefónicas ilegales, fue acusada por la Fiscalía por los cargos de concierto para delinquir, abuso de poder, falsedad en documento público, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones; ya completa cerca de cuatro años fuera del país sin rendir cuentas ante los entes correspondientes, inicialmente en condición de asilada en Panamá, pero desde el pasado 03 de Julio la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el asilo , lo que dejo a Hurtado sin condición de asilo.
Por otro lado la negación de la circular roja por parte de la Interpol, y la nueva solicitud de dicha circular ante la presunción del paradero de Hurtado en Costa Rica, coloca al gobierno colombiano en la necesidad de apoyos multilaterales con gobiernos como el Estado costarricense y panameño, especialmente con el primero se han venido adelantado labores de colaboración como se evidencia en el comunicado del canciller costarricense Manuel González quien afirmo el trabajo con las autoridades migratorias, y la policía costarricense para dar con el paradero de Hurtado. De igual manera en el país se han presentado otros dos casos que van por el mismo corte: el del ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Felipe Arias acusado por las irregularidades en el programa AIS, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, adelantando solicitud de asilo político ante las autoridades norteamericanas; y el caso del ex Comisionado de paz Luis Carlos Restrepo de quien se ha perdido el rastro desde 2012, tras los acontecimientos alrededor de las falsas desmovilizaciones y la fabricación, tráfico y porte de armas de manera irregular.
Las herramientas jurídicas como instrumento político
La cuestión clave para analizar, es la relación que se construye entre los distintos actores involucrados directamente o indirectamente en los casos de los ex funcionarios que se movilizan al exterior cuando son acusados de delitos.
De esta manera está el Estado colombiano y los distintos Estados involucrados, como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, pero además organismos internacionales como la FIDH, la Interpol entre otros que juegan papeles diferenciados en los casos. Por el lado de la FIDH esta se manifestó en contra de la sentencia del tribunal panameño en lo que respecta a la inconstitucionalidad del asilo de Hurtado. Por otro lado la Interpol emitió la circular roja en el caso Restrepo desde 2012, en cambio en el caso Hurtado la Interpol negó la solicitud que se hizo por parte de la fiscalía, partiendo del supuesto que se trata más de un tema político. Finalmente actores políticos de distinta índole que de una manera u otra interactúan para presionar al gobierno a través de distintos mecanismos, esto es claro con el uribismo y el tema de las “no garantías jurídicas” a través de ello se ha venido haciendo una arremetida en contra del proceso judicial de los tres implicados, el uribismo ha argumentado en múltiples ocasiones que los tres casos son más un ataque político, que un proceso judicial. Este es un elemento clave que permite entender las tensiones que se dan en los procesos en relación interno y externo. Lo cierto de todo esto es que los distintos actores se valdrán de las diferentes herramientas de negociación para conseguir sus pretendidos fines, en relación al cambiante entorno político.
En este escenario se coloca de relieve el derecho como herramienta clave los distintos actores. Por un lado es bien sabido por la opinión publica las tantas veces sobre las cuales el expresidente Uribe ha hecho referencia a la politización del órgano judicial, “y a la persecución política” del actual gobierno, respecto de la oposición que el mismo Uribe encabeza en el centro democrático. Por otro lado igualmente los acusados específicamente Hurtado y Arias se han amparado en figuras jurídicas como el asilo consignado en la convención de Caracas de 1957 ratificada por todos los miembros de la OEA, sin embargo las medidas tomadas por los distintos Estados han estado enmarcadas por el respeto al Estado de derecho, como en el caso panameño y la determinación de la corte suprema, igualmente Costa Rica ha trabajado en la búsqueda de Hurtado con la policía local; respecto al caso Arias más allá de hacer un análisis contra factual, la situación depende de la capacidad de influencia de Arias para la obtención del asilo, ya que a pesar del réspice polum que ha dominado las relaciones con Estados Unidos, la clave del tema con Arias es en la capacidad de este último para negociar su asilo.
En este sentido es importante mencionar la tradición juridicista como herramienta de política exterior colombiana; que puede entrar en contravía de los argumentos jurídicos de los implicados, sin embargo es imperativo mencionar la tradición pacifista y apegada al derecho internacional de la política exterior colombiana, lo que nos retorna de nuevo al derecho como la herramienta usado en clave realista. En summa el desenvolvimiento de los casos especialmente el de Hurtado y Arias, depende de la instrumentalización que se den a las herramientas jurídicas, y la capacidad de negociación entre los distintos actores de índole nacional e internacional. En este sentido aún hay muchas cosas por definir, a pesar de la cooperación que se ha dado entre los distintos Estados en torno al tema.