Francisco Javier Quito Córdoba

OPRIC

A cumplirse casi un mes del inicio de las protestas que han colocado a Venezuela en la mira de la comunidad internacional, debido a los enfrentamientos entre grupos ciudadanos que protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro y grupos que apoyan al régimen, los excesos de fuerza cometidos con las manifestaciones opositoras y el clima de restricción al ejercicio de la libertad de prensa, las reacciones dentro de Colombia no se han hecho esperar. Tener en consideración un ambiente electoral en Colombia y el apoyo venezolano al proceso de paz, así como problemas anteriores en las relaciones diplomáticas, pueden ayudar a comprender mejor las posiciones que desde Colombia se hacen sobre Venezuela.

Paz y democracia en dos países vecinos.

Con el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos[1] sobre la situación venezolana, haciendo un llamado a la calma, el dialogo y el respeto a los derechos humanos y la democracia, se generó una tensión con el gobierno venezolano con la interpretación de las palabras de Santos como una forma de intromisión en los asuntos internos de Venezuela y las acusaciones de una posible participación de grupos políticos de la derecha colombiana en las protestas anti-gobierno[2].

Sin embargo, el pronunciamiento de Santos estaría vinculado con un gesto que los gobiernos venezolanos (tanto el anterior de Hugo Chávez, como el propio Maduro) tuvieron con Colombia: el llamado a la paz, ya que proponer una solución dialogada y negociada para la situación venezolana por parte de Colombia equivaldría a recordar el apoyo venezolano a la iniciativa de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Esta intención se vio reforzada con las palabras de la canciller María Ángela Holguín, al considerar el pronunciamiento del presidente colombiano como un gesto de preocupación sincera por los acontecimientos en el vecino país[3].

La referencia de la canciller a la elección democrática del actual gobierno venezolano responde directamente, no solo a la respuesta que el propio presidente Maduro dio a las palabras de su homologo colombiano al criticar la opinión del presidente colombiano sobre la expresión de la oposición en el contexto democrático del vecino país (“Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia el presidente Santos cuando lo que yo estoy haciendo es defender el derecho a la paz de Venezuela”), sino también a la diferencia que se presentó entre ambos gobiernos con la visita del líder opositor Henrique Capriles a Colombia el año pasado y su reunión con varios líderes políticos del país. De una situación en la que el gobierno de Caracas acusaba a Bogotá de participar en una conspiración en contra[4], casi un año después Bogotá responde ante una situación de dificultad de Caracas recordando el proceso electoral y los resultados en los que fue electo Nicolás Maduro.

Además, en las declaraciones en las que el presidente venezolano moderaba sus respuestas iniciales ante las ideas planteadas en el pronunciamiento hecho por el presidente Santos, la mención por parte de Maduro al atentado cometido contra la candidata presidencial por la Unión Patriótica, Aida Abella, y la relación que se establece entre la situación electoral y democrática en Colombia con el proceso de paz dan la impresión de que no se considera intervenir en los asuntos internos de otro país al momento de opinar sobre un tema en torno al cual se ha construido un vinculo diplomático binacional[5].

Mención aparte merecen las referencias a la participación de grupos armados ilegales en el desarrollo de las protestas venezolanas. Con varios antecedentes provenientes de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez, con sus acusaciones mutuas sobre la falta de control de las operaciones ilegales de los grupos armados ilegales colombianos (tanto guerrilla como paramilitares), la decisión del presidente Maduro de militarizar la frontera para evitar la amenaza fascista[6], es indicativo sobre la falta de medidas binacionales frente a la seguridad en la zona fronteriza de ambos países.   

Por otra parte, pareciera que se hubiese abierto un nuevo capítulo en un discurso de carácter acusatorio y personal (más que de relaciones diplomáticas binacionales) que parecía fue propio de los pasados gobiernos, ya no con la mención abstracta de la vinculación de grupos “fascistas” de ambos países, sino con el retorno a las acusaciones y vinculaciones directas con el paramilitarismo hechas por el canciller de Venezuela Elías Jaua contra el expresidente Uribe[7]. En el manejo de este tema se evidencia la diferencia en el manejo de las relaciones diplomáticas con el vecino país entre el gobierno pasado y el actual: la respuesta colombiana, que busca defender un ciudadano colombiano, no se corresponde con una “diplomacia de micrófono“(es decir, atacar de manera personal a los funcionarios de gobierno venezolanos), sino que más bien tiende hacia el posicionamiento de las formas jurídicas como la manera correcta de realizar acusaciones sustentadas en pruebas[8].

La perspectiva electoral.

Ya se ha hecho referencia al manejo que desde el gobierno colombiano actual se ha hecho de la situación en Venezuela. Pero considerando el clima de elecciones legislativas y presidenciales, ¿puede llegar a convertirse eventualmente el tema venezolano en un punto de campaña electoral?; además ¿las declaraciones hechas por el presidente-candidato pueden interpretarse desde la búsqueda de apoyo electoral?

En primer lugar, al revisar el pronunciamiento presidencial y las declaraciones del presidente del Partido de la U (partido que otorgo el aval para las elecciones presidenciales de este año al propio Santos) Sergio Díaz-Granados[9] se observa una continuidad entre ambas posiciones con el llamado a la calma y al dialogo. Esta coherencia entre las declaraciones del presidente y el partido que lo apoya permiten indicar que se busca establecer una proyección como una candidatura por la paz, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, y relegando temas en los que otros sectores esperaban referencias más “fuertes” como la restricción a la emisión en el vecino país del canal de televisión NTN24, el aumento de las deportaciones de colombianos o la situación de los manifestantes en el ejercicio de la protesta y durante su detención.

Son diferentes los planteamientos del Centro Democrático, encabezado por el ahora candidato al Senado Álvaro Uribe y su candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Como movimiento opositor al proceso de paz, el Centro Democrático considera al régimen venezolano como una dictadura “castrochavista” que apoya a las FARC, siendo entonces una amenaza para la paz, la seguridad y la democracia en Colombia[10]. Para el Centro Democrático es inadmisible el “silencio cómplice” que el gobierno colombiano guarda frente a las restricciones a libertad de prensa y al derecho a la protesta, como elementos que componen un régimen democrático[11]. La repuesta de Uribe Vélez a las mencionadas acusaciones hechas por el canciller Jaua, al considerar que las “tiranías buscan desviar la atención de las atrocidades que cometen”[12], demuestran la persistencia de diferencias ideológicas entre su propia persona y los gobiernos del denominado “socialismo del siglo XXI” 

A las críticas expresadas por el Centro Democrático se contraponen las manifestaciones de apoyo al gobierno venezolano por parte del Polo Democrático Alternativo, como forma de acercamiento solidario hacia otro sector de izquierda a nivel regional en América Latina. Los resultados electorales, alusiones a los intentos “golpistas”, el llamado a la solución pacifica y dialogada del conflicto con la participación de actores internacionales son los elementos mediante los cuales apoya la presidencia de Nicolás Maduro, sin dejar de lado criticas por la posible vulneración de derechos[13].    

Las referencias hechas por la candidata presidencial Marta Lucia Ramírez (Partido Conservador) y por el precandidato presidencial Enrique Peñalosa (Alianza Verde)[14] mantienen algunos de los planteamientos ya expuestos anteriormente para los otros actores electorales. Mientras que para la candidata conservadora Colombia debe protegerse de la ruptura democrática en Venezuela y fundamentar las relaciones con el vecino país en bases democráticas solidas, el precandidato verde critica las acciones de gobierno del presidente Maduro al tiempo que indica que Colombia no debe intervenir en la situación venezolana.  

Para finalizar, es claro que los pronunciamientos hechos por los actores aquí expuestos tienen una intencionalidad diferenciada. Se ha establecido una línea coherente entre los pronunciamientos del gobierno actual de Colombia y el partido político con el que está vinculado al hacer alusión a la paz como uno de los temas que acercan a Colombia y Venezuela; precisando además que la acción del gobierno busca mantener las relaciones cordiales (más que intervenir) que ha establecido con el vecino país al abstenerse de hacer alocuciones que pudiesen ser consideradas como agresivas o sobre temas más polémicos al otro lado de la frontera. Frente a la posición de otros partidos políticos se puede indicar que reafirmar una posición ideológica (con menciones explicitas sobre la democracia, sin que se desarrollen las consideraciones propias de los actores de este concepto), de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, es el motivo de la opinión de estos actores colombianos sobre las protestas en el vecino país.